La reforma a la Ley de Movilidad presentada por el gobierno, no sólo afecta a los taxistas, quienes se han demostrado en contra de el desembarco de el servicio de plataforma electrónica denominado «UBER», sino que también significa un problema para los transportes escolares.
En la modificación, se establece que los vehículos de transportes escolares no pueden tener más de 10 años de antigüedad y deben estar en condiciones para personas con discapacidad.
Desde la Cámara de Transportes escolares de Mendoza, aseguran que si se lleva a cabo esta medida, ellos no podrán afrontar los gastos que implica la obtención de nuevos vehículos.
Piden al gobierno dar marcha atrás con esa modificación, o de no ser así necesitarían de un crédito de 1 millón de pesos para poner los nuevos transportes en funcionamiento y evitar la pérdida de puestos de trabajo.